El seguro social está en crisis. Desde hace unos años se habla de la necesidad de una reforma al INSS, pues tomando en cuenta estudios y estadísticas, la cantidad de jubilados y el bajo número de cotizantes, llegaría a un punto, en que debía empezar a usar las Reservas que inició a acumular hace apenas unos diez años, y para 2020 ya no existiría Seguro.
Esa reforma se hará realidad, según gobierno, en este año 2013, a pesar de que la mayoría de Nicaragua, según la más reciente encuesta de CID-Gallup, alrededor del 68%, no está de acuerdo con los cambios que hasta el momento se conocen propuestos.
Por supuesto que significará un incremento en las semanas a cotizar, aumento en porcentaje de aporte patronal y laboral, y muchos otros elementos que ayudarían a mantener el sistema caminando por más años. Pero, ¿lo mejorarán?
El Estado nos obligará a pagar más por un derecho que probablemente se mantenga igual, o incluso se reduzcan algunos beneficios que anteriores tuvieron.
Es cierto que no todos los empleadores pagan INSS, hay algunos que pagan menos de lo que deben, y hay otros que no pagan lo que les corresponde, aún haciendo las deducciones salariales. Pues el Estado de Nicaragua es uno de esos. Debe alrededor de 600 millones de dólares al INSS. Los mismos que dicen que la Institución está en quiebra.
Igualmente, tendremos que pagar más y por más tiempo a una Institución que ha sido utilizada por el Ejecutivo como caja chica de proyectos ligados a los negocios privados de la Presidencia. Los mismos que van a enviar la propuesta de ley para cambiar el sistema
Probablemente conozcan la historia detrás de la Unidad Nacional del Adulto Mayor. Son personas que trabajaban, estaban afiliados al INSS y nunca se les entregó pensión, ni reducida, a pesar de las promesas.
¿Será que nos permitamos, quienes rondamos los 20 años y pensemos jubilarnos, correr el riesgo de tener que exigir una pensión en las calles?
